martes, 30 de noviembre de 2010

Marcelino y los bienes eclesiásticos (I)

Por: Rosa Plantagenet-Whyte

El domingo 7 de noviembre fue un día desapacible y ventoso en que varios miles de aragoneses nos concentramos ante el Pilar para reclamar la devolución de nuestro patrimonio ilegalmente retenido en Cataluña.

En la reunión hubo clamorosas ausencias: la de Marcelino Iglesias, presidente del Gobierno aragonés, la de Eva Almunia, próxima candidata a esa misma presidencia y la de Juan Alberto Belloch, alcalde de Zaragoza.

Fue la de Iglesias, la máxima autoridad aragonesa, la ausencia más significativa pero también, al menos para mí, la más coherente. Yo hubiera esperado más oportunismo por su parte, pero eligió ser coherente a sus otros compromisos, más importantes para él por lo que se ve que los que le atan todavía institucionalmente a los aragoneses, y sobre todo coherente con su trayectoria de calculada pasividad en todo este largo y desalentador proceso.

Justo el día anterior, Marcelino Iglesias estuvo en Barcelona apoyando al candidato de un partido y de un gobierno que se ha opuesto y ha hecho todo lo posible por impedir el retorno de los bienes a Aragón. ¿Sí pudo ejercer como Secretario de Organización del PSOE y no como Presidente del Gobierno de Aragón?

Ya desde el año 2007, o quizás antes, las autoridades eclesiásticas leridanas han venido argumentando lo mismo: que no podían disponer libremente de los bienes. En ese mismo año, Xavier Salinas, el administrador apostólico de Lérida lo dijo claramente: "Esto hace que el obispado no pueda disponer a su arbitrio, debido a que le afecta la legislación civil, a no ser que desde la Generalitat se facilite la ejecución del decreto". Es decir, pese a su disposición a entregar los bienes, le era imposible entonces, y le sigue siendo imposible ahora, cumplir con los mandatos vaticanos por estar las obras sujetas a la autoridad civil, al pertenecer al consorcio del Museo Diocesano de Lérida y estar catalogadas como propias por la Ley de Patrimonio Catalán.

Fue Santiago Lanzuela,  a la vista de que las reclamaciones eclesiásticas aragonesas iniciadas en 1995 no habían dado ningún resultado, el que en 1999 ordenó iniciar los trabajos de catalogación de los bienes para incluirlos en el inventario del patrimonio cultural aragonés. Las elecciones inmediatas, que permitieron formar gobierno de coalición a los partidos que las perdieron, pusieron fin a la catalogación, que fue abandonada indefinidamente por el gobierno de Marcelino Iglesias.  Mientras tanto, la Generalitat, mediante un procedimiento de urgencia aprobó el Consorcio para la creación del Museo de Lleida, Diocesano y Comarcal y catalogó como colección todos sus fondos y entre ellos nuestras obras de arte. Una decisión ante la que el gobierno recién constituido tampoco recurrió. No hubo ninguna otra iniciativa durante años.

Enero de 2006 fue una fecha significativa, a partir de la que a muchos aragoneses ya no nos quedó ninguna duda de la coherencia de su línea política. Eva Almunia y Caterina Mieras alcanzaron un acuerdo del que nunca se dieron muchos detalles. Tomo prestados del Heraldo de Aragón de aquellas fechas las partes más significativas de aquel acuerdo:

- Reconocimiento de la propiedad de las diferentes piezas…

 ¿Reconocimiento de qué propiedad? ¿Quién era el propietario de qué?

- Reconocimiento de los elementos artísticos comunes de las dos colecciones…

¿Había elementos comunes?

Y lo más significativo:

- Gestión y promoción conjunta entre Aragón y Cataluña de las dos colecciones, puesto que artísticamente puede considerarse una única colección.

Fue en el marco de ese acuerdo que la consejera Mieras dejó claro que, cito textualmente, "no se procederá a la descatalogación de las obras porque la unidad del museo es un hecho y, por lo tanto, una garantía para Lérida".

Ante la reacción de la opinión pública aragonesa, Marcelino Iglesias dio marcha atrás de forma precipitada, desautorizando a su consejera que, a pesar de ello no fue cesada, y evitó comparecer en las Cortes pese a la petición de la oposición. Nunca se ha conocido el contenido íntegro de aquellas actas.

¿No resulta coherente su ausencia del otro día con lo que se pretendió acordar, y frustró la reacción de la opinión pública aragonesa, en aquella reunión de Lérida?

Hay más elementos que prueban esa coherencia. Los analizaré, con su permiso, más adelante.


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